• Se llevan a cabo un promedio de 2 mil 500 manifestaciones por año tan solo en la Ciudad de México
• En aumento la exigencia de una ley que regule manifestaciones
• Opositores señalan intento de cohibir la libertad de expresión
Sin duda las cifras que revelan un promedio de 2 mil 500 manifestaciones por año tan sólo en la Ciudad de México evidencian la magnitud y la necesidad de atender este asunto, sin embargo, parece ser que lejos de enfocarse en buscar una solución, los partidos políticos ven este tema más bien como un pretexto para reforzar la disputa que existe entre ellos y para manejar el discurso más “adecuado” para quedar bien frente a los ojos de los ciudadanos.
Ante la iniciativa de regulación de marchas presentada por el PAN, no se dejó esperar la oposición de su acérrimo rival, es decir, del PRD. El primero argumentó querer garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como las garantías individuales del resto de los ciudadanos, mientras que el Partido de la Revolución Democrática asegura que se trata de un intento de cohibir la libertad de expresión.
Lo más importante es más bien tomar conciencia de las nocivas consecuencias que conllevan este tipo de actos: pérdidas millonarias en los negocios que se encuentran en los puntos en los que se llevan a cabo las manifestaciones, no sólo porque se ven obligados a cerrar, sino también a causa de los daños que son producto de los actos de vandalismo que acompañan estos movimientos; también las grandes afectaciones al tránsito, pues la última marcha realizada por los integrantes del SME fue sólo una muestra de tantas, del grado en que se puede desquiciar la ciudad ocasionando retrasos y hasta accidentes viales.
Asimismo es necesario considerar las muertes y heridos graves que en ocasiones quedan como saldo, así como los decesos que aunque de forma indirecta, pueden ser provocados por las demoras de ambulancias y bomberos. Y una no menos importante, es el gran daño ecológico, que según los ambientalistas, es muy grave luego de cada uno de estos movimientos.
Por lo tanto, es evidente que ante la constante necesidad de estarse manifestando en esta ciudad, no queda más que buscar un equilibrio, un orden dentro del desorden en el que se trate de beneficiar a las dos partes, es decir, respetando tanto el derecho de manifestarse como el de libre tránsito. Basta de discursos y disputas meramente políticas, se trata no sólo de controlar algo que de antemano no debería de existir, sino de evitar lo que se podría convertir en la lucha de unos contra otros.
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